13 mayo 2008
Recientemente el Ejecutivo envío una propuesta que contempla una serie de iniciativas relacionadas con el sector petrolero, lo cual dio pauta para que se abriera un debate en torno a la temática energética.
La propuesta de modificación constitucional propuesta por Calderón contempla cinco partes que se pueden resumir en:
Una para las reformas, modificaciones a la ley reglamentaria del Art. 27 constitucional en el ramo del petróleo.
Una segunda es un cambio, una nueva Ley Orgánica para Petróleos Mexicanos.
Una tercera es para la creación de la Comisión del Petróleo.
Una cuarta es una reforma a la ley de la Comisión Reguladora de Energía.
Y la quinta son reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Con respecto de las modificaciones a la ley reglamentaria del 27 constitucional en materia de petróleo, se plantean reformas de fondo respecto a la participación de inversión privada en áreas de la industria petrolera, que hasta ahora han estado reservadas de manera exclusiva a la acción del Estado mexicano.
En dicha propuesta el alcance de soberanía en materia energética se identifica sólo con el abasto de energéticos sin reparar en manos de quien está ese abasto, no plantea la necesidad de cambiar el modelo exportador de petróleo por uno que limite la explotación de este recurso no renovable y sus implicaciones en la seguridad nacional de las generaciones futuras, las cuales van a centrar estos aspectos en los rubros de energía, manejo de cuerpos de agua y adaptación al cambio climático.
Resaltando el rubro de seguridad energética se omite la necesidad de diversificación de la matriz energética para la estabilidad del consumo interno, la cual es algo que urge discutir y debatir.
La limitada perspectiva de la actual propuesta no hace mención alguna a que el sector energético es, sin lugar a dudas, una de las actividades económicas más contaminantes del país. Esto, tanto por su estructura técnica como por su mala gestión. Muestra de lo último son los recientes y frecuentes accidentes en las instalaciones de PEMEX (derrames y explosiones), consecuencia de los bajos presupuestos en mantenimiento y en programas ecológicos.
CFE no tiene un desempeño mejor, sólo que su contaminación es relativamente menos “visible”, pues es básicamente atmosférica y la de agua y de residuos es información celosísimamente guardada del conocimiento público.
Con respecto a la “petrolización” de las finanzas públicas y al endeudamiento relacionado con los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (PIDIREGAS) no se menciona que dichos proyectos constituyen actualmente el 75% de la inversión pública en hidrocarburos y electricidad en el periodo de 1997-2007 y que su monto asciende a más de 1.7 billones de pesos (cifra cercana a 20% del PIB). De la deuda de los PIDIREGAS, un 79.7% se concentra un PEMEX y el restante en CFE.
El 93% corresponde a inversión financiada directa y el resto a la llamada inversión financiada condicionada. En el rubro de inversión financiada directa, el monto de las obligaciones financieras de PEMEX (1997-2031) suma 1.84 billones de pesos e incluye amortizaciones (73.4%) e intereses (26.6%), en este caso lo que se ve es una deuda no sólo de índole económica sino una deuda ambiental que abona a la emisión de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles.
Para la CFE el total de compromisos (1999-2045) alcanza 0.37 billones de pesos, con amortizaciones de 65.4% e intereses del 34.5%. A pesar de las ventajas de los PIDIREGAS, la experiencia resulta bastante onerosa por su alto costo financiero a lo cual se agrega el escaso efecto multiplicador pues los operadores en sus contrataciones tienden a hacer a un lado los bienes y servicios nacionales.
Es decir, se apuesta a un esquema que contempla una visión meramente administrativa y gerencial del sector energético que reafirmaría lo que ya se está llevando a cabo, sin plantearse la necesidad de un cambio de rumbo ajustado a las necesidades del siglo XXI.
Queda demostrado que la visión de futuro del Gobierno pese a publicar documentos con diagnósticos relacionados con el tema de cambio climático, sigue sin considerar la apremiante necesidad de acciones concretas, excluyéndose de la agenda nacional criterios ambientales de adaptación al cambio climático con una perspectiva de prevención en sectores que son cruciales para la estabilidad del país.
Greenpeace propone...
— Jorge Escandón, coordinador de la campaña de energía y cambio climático
